¿Doble sanción por un sólo hecho? Un alegato de éxito asegurado

En ocasiones sucede que un mismo hecho es constitutivo de infracción administrativa y de ilícito penal al mismo tiempo. Ello sucede, por ejemplo, en el supuesto en que una persona comete un delito de conducción temeraria (por conducir  a 220 km/h) y a su vez una infracción administrativa al ser captado por un radar de tráfico; todo lo que parece que vaya a conllevar una pena y una multa administrativa, respectivamente.

No obstante, uno de los principios configuradores de nuestro ordenamiento jurídico, y vinculado tradicionalmente a los principios constitucionales de legalidad y tipicidad de las infracciones es el principio de “non bis in ídem”, literalmente traducido como “no dos en uno”; y que tiene un doble significado: por un lado, en su vertiente material, impide que nadie pueda ser sancionado dos veces por unos mismos hechos en virtud de un mismo fundamento; y por otro, en su vertiente procesal, dicho principio impide también el inicio de un nuevo procedimiento en cada uno de estos órdenes  (administrativo y penal) como consecuencia de los efectos de la litispendencia (litigio pendiente) y la cosa juzgada.

A efectos prácticos, la consecuencia directa de todo lo anterior y según la propi jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el principio de non bis in idem se materializa como sigue:

1. Cuando la Administración tiene conocimiento de un acto ilícito antes que lo órganos judiciales, deberá comunicarlo y abstenerse de resolver, al menos, hasta que no recaiga resolución judicial al respecto; por cuanto existe una preferencia del órden penal con respecto del administrativo.


2. Cuando la Autoridad Judicial conoce, enjuicia y decide sobre un asunto antes que la Administración, ésta deberá respetar el planteamiento fáctico del órgano judicial así como la cosa juzgada de la resolución que hubiera dictado, por cuanto las autoridades administrativas no pueden sancionar unos hechos que un tribunal ha declarado inexistentes o no probados.

Por ende, volviendo al ejemplo expuesto al principio del presente artículo, dicho conductor no podría, para ser justos, ser sancionado tanto por la vía administrativa como por la vía penal, sino que, en virtud de la preferencia del orden penal, la Administración debería inhibirse hasta que no hubiera resolución judicial al respecto. No obstante, en la práctica puede suceder que se dé dicha duplicidad de sanciones, desgraciadamente por la falta de conexión y comunicación entre los Juzgados y la Administración.

Por ello, resulta imprescindible que el perjudicado alegue dicho principio para finalizar con la doble sanción, que a fin de cuentas no supone sino una intrusión enteramente evitable. En este sentido, a fin de que prospere la alegación será preciso acreditar que concurren las circunstancias necesarias para su aplicabilidad, es decir la llamada triple identidad:

-          Identidad de sujeto

-          Identidad de objeto o hecho.

-          Identidad de fundamento o motivación.

Por tanto resulta imprescindible, caso que nos encontremos en un supuesto como el referido, analizar la concurrencia del principio "non bis in ídem", y en consecuencia, averiguar si se da la triple identidad requerida para contemplar la posible lesión al non bis in ídem material, para caso de ser eso cierto evitar la injusticia de tener que soportar doble represalia por un solo hecho.

No obstante lo anterior, ello no impide en modo alguno que, habiendo existido una sanción administrativa previa al proceso judicial, el proceso judicial continúe. Ello es así por cuanto el propio Tribunal Supremo ha considerado que, de existir una previa sanción administrativa, lejos de proceder la suspensión del procedimiento penal procede una subsanación del exceso punitivo, de forma que, bien se procede a la nulidad del acto administrativo, bien se computa en ejecución de sentencia penal la sanción satisfecha ante Administración, con lo que se descontaría la sanción administrativa ya efectuada. Con ello se consigue frenar la picaresca de que muchos afectados atiendan a la sanción administrativa con el fin de eludir la vía penal, como se intentó en alguna que otra ocasión, siendo que ello finalmente no permite esquivarla y a su vez no se lesiona el referido principio, no existiendo por ende vulneración alguna susceptible de ser alegada.

En último término, y sin perjuicio de lo hasta aquí referido, conviene precisar que existen situaciones en las que SI procede la doble sanción, penal y administrativa, por unos mismos hechos:

a)      Cuando las sanciones se basan en diferentes motivos aunque nazcan de unos mismos hechos (por la necesaria concurrencia de los tres requisitos simultáneamente).

b)      Delitos y faltas cometidos por los funcionarios con motivo de la especial relación de lealtad que estos deben a la Administración.

En definitiva, para poder alegar la vulneración del principio non bis in ídem es preciso, por un lado que efectivamente concurra la triple identidad referida (sujeto, objeto y fundamento), y por el otro, no encontrarse en especial relación de lealtad para con la Administración; lo que en último término conlleva el respeto a los principios constitucionales de legalidad y tipicidad de las infracciones, y por ende, a la misma Constitución.

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