¿Puedo evitar el ingreso en prisión si me condenan por un tiempo no superior a dos años?

Existe la creencia generalizada de que si a una persona se le impone una pena de prisión igual o inferior a dos años y ésta no tiene antecedentes, la misma no llegará a entrar a prisión, sin embargo, esta creencia no es del todo cierta.

El código penal español, con el objetivo de lograr la reinserción social del condenado, prevé la figura de la suspensión del cumplimiento de las condenas como medida alternativa a la ejecución de las penas privativas de libertad de corta duración.

La aplicación de la suspensión se hace depender del cumplimiento de los requisitos siguientes:

1. El condenado ha de haber delinquido por primera vez, no puede ser reincidente. A estos efectos no se tendrán en cuenta los delitos cometidos por imprudencia, los antecedentes penales que hayan sido cancelados o debieran serlo así como tampoco la comisión de faltas.

2. Que la pena o la suma de las penas impuestas no sea superior a dos años.

3. Que se haya satisfecho la responsabilidad civil que se hubiera originado, a excepción que se hubiera declarado la insolvencia total o parcial del condenado.

En el caso en que concurran dichos requisitos y cuando el Juez, atendiendo a la criminalidad de la acción, a la peligrosidad de autor y al resto de circunstancias del caso, así lo considere, se establecerá la suspensión de las penas privativas de libertad que se hayan impuesto por un plazo de entre dos a cinco años.

La suspensión de las penas acordada siempre quedará condicionada a que el condenado no vuelva a delinquir en el plazo de suspensión fijado por el Juez. No obstante, si el Juez lo estima necesario también podrá condicionar la suspensión al cumplimiento de los siguientes deberes:

1. Prohibición de acudir a determinados lugares

2. Prohibición de aproximarse a la víctma o a sus familiares

3. Prohibición de marcharse del lugar donde resida sin autorización del Juez

4. Comparecer personalmente ante el Juzgado para informar de sus actividades

5. Participar en programas formativos, laborales, de educación vial u otros similares

6. Otros deberes que se estimen convenientes para la rehabilitación social del penado, previa conformidad de éste

¿Qué ocurre en caso de incumplimiento de las condiciones a las que se somete la suspensión?

En el supuesto en que el condenado vuelva a delinquir en el plazo de suspensión establecido, ello supondrá la revocación inmediata de la suspensión y, consecuentemente, se ordenará su ingreso en prisión.

No obstante, si el incumplimiento es en relación a los deberes de conducta impuestos, ello no comportará la revocación automática de la suspensión sino que el Juez podrá optar entre:

-  Sustituir la regla de conducta impuesta por otra distinta

-  Prorrogar el plazo de suspensión, sin que pueda exceder de cinco años

-  Revocar la suspensión en caso de incumplimiento reiterado

Por el contrario, si el condenado no delinque en el plazo acordado y cumple con las obligaciones impuestas, se dará por cumplida la pena.

Llegados a este punto, debemos hacer mención a dos supuestos especiales de suspensión previstos en la ley:

1. En primer lugar, encontramos el caso de la comisión de delitos por personas drogodependientes, es decir, aquellos supuestos en que se haya cometido el hecho delictivo a causa de la dependencia a las drogas y no por encontrarse puntualmente bajo los efectos de las mismas, en cuyo caso, dicha circunstancia únicamente podrá atenuar la pena, no suspenderla.

En estos casos, se podrá proceder a la suspensión de la pena impuesta cuando la misma no sea superior a cinco años, sin que la reincidencia o existencia de antecedentes penales lleve aparejada la denegación de la suspensión, pudiendo acordarse la misma siempre que se considere oportuna.

No obstante, para que ello sea posible se exige que se certifique que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a un tratamiento de deshabituación en el momento en que se deba decidir sobre la suspensión.

La suspensión de la pena quedará condicionada a que no vuelva a delinquir y, en el caso en que lo haya, que no abandone el tratamiento de deshabituación en el plazo de 3 a 5 años, por lo que se establece un plazo mayor que para el supuesto general (de dos a cinco años).

Debe ponerse de relieve que únicamente se procederá a la revocación de la suspensión como consecuencia del incumplimiento del seguimiento del tratamiento cuando se produzca un abandono definitivo del mismo y no por recaídas puntuales propias de este tipo de tratamientos.

2. En segundo lugar, la ley prevé un tratamiento especial para los casos de condenados con enfermedades graves y padecimientos incurables, en cuyo caso se les podrá otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno a excepción de que en el momento de la comisión del delito ya tuviera otra pena en suspenso por este motivo.

Por todo ello, vemos como para el otorgamiento de la suspensión de la pena impuesta deberemos estar siempre a las circunstancias del caso concreto, y a pesar de que se cumplan los requisitos exigidos por ley, no podemos obviar que en todo caso la decisión de otorgarla o denegarla es una cuestión facultativa del juez, nunca una consecuencia automática.